EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La supuesta organizacion criminal, militar y policial desarticulada con las operaciones Coral y Coral 5G, que opero desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turistica (Cestur), y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), no solo “embarro”, a altos militares tambien a parientes cercanos de los principales acusados.
De acuerdo al acta acusatoria del Ministerio Publico, que senala a Adan Caceres Silvestre, exdirector del (Cusep), y a Juan Carlos Torres Robiu (Cestur), de ser los principales cabecillas de la red y este ultimo, involucro de manera directa a su hermano odontologo, Guillermo de Jesus Torres Robiu, ademas de su esposa, Greiby Pena, quien se desempenaba como directora del Consejo Nacional para La Ninez y la Adolescencia (Conani), pero esta no se encuentra en la acusacion.
Asimismo, paso con el general Julio Viola De Los Santos, quien vinculo a su hermana, suegra, hijos y esposa, en el caso entramado delictivo, que distrajo al menos mas de 2 mil millones de pesos, en propiedades.
Segun el acta acusatoria, estos tenian en comun el mismo metodo piramidal utilizados en las demas instituciones del Estado para distraer los fondos a traves de personas que se dedicaban a obtener, con conductas propias del lavado de activos, un incremento exorbitante en los patrimonios de los miembros directivos de dichas instituciones.
El documento establece que el entramado criminal, liderado por dos personas cercana al expresidente de la Republica, Danilo Medina Sanchez, aprovecharon sus funciones para distraer al menos 4 mil millones de pesos, en las distintas direcciones.
“Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribucion de raciones alimenticias y viaticos, valores que fueron desviados y utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, estafando al Estado”, explica el expediente acusatorio.
Asimismo, distrajeron fondos del erario publico a traves de personas que figuraban en nominas publicas sin trabajar y recibian un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequena suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organizacion.
Adulteraron expedientes de compras, pagos y auditorias, a traves del uso de sellos gomigrafo y rubricas falsificadas, para aparentar licitud en el manejo de los fondos publicos ante la Contraloria General de la Republica.
Asimismo, el organo fiscalizador, asegura que los imputados elaboraban informes de gastos, denominados en la red “cuadres” en los que se evidencian el uso personal de los fondos publicos y la reparticion entre los miembros del entramado; dicho informe era usado internamente , el cual se encuentra repleto de alias que individualizan el gasto real del dinero distraido.
La acusacion, ademas, establece que no solo exigian sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores para poder adjudicarles procesos de compras, como era en el tema de combustible o en la compra de vehiculos.
En ese orden, tambien utilizaron militares y policias que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificacion de la procedencia de los recursos, donde involucraron una sucursal del Banco de Reservas, para realizar la estafa.
La entrada “El embarre familiar” del entramado policial y militar que opero desde el Cestur y Cusep se publico primero en El Nuevo Diario (Republica Dominicana).
