A poco más de un año de que fueron realizados los primeros apresamientos mediante la Operación Falcón, sobre lavado de activos y narcotráfico, el presunto cabecilla de esa organización sigue prófugo de las autoridades.
Se trata de Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien también es conocido como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite.
Según la acusación del Ministerio Público, la organización criminal transnacional era dirigida por el prófugo, a quien le atribuyen traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la ciudad de Santiago.
El órgano acusador asegura que mediante la Operación Falcón, que en septiembre del 2021 puso en marcha decenas de allanamientos y detenciones, desmanteló una supuesta red del crimen organizado que ya en 2012 traficaba con al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
Durante los operativos, las autoridades han apredado a más de 30 personas, interviniendo edificios, locales comerciales, casas, apartamentos, naves y terrenos en los que se estaban construyendo proyectos residenciales.
Los detenidos son acusados de incurrir en los delitos de asociación de malhechores para la comisión de delitos como el narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas de fuego, actividades mediante las cuales acumularon millonarios bienes muebles e inmuebles, miles de millones de pesos en efectivo y vehículos.
Algunos de estos implicados prestaban sus nombres para la adquisición de los millonarios bienes.
La acusación del Ministerio Público establece que la red de la Operación Falcón se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
De acuerdo al órgano, hay tres diputados vinculados en la organización de lavado de activos producto del narcotráfico.
Los legisladores investigados son Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, quienes figuran entre los involucrados en la presunta estructura criminal.
El caso ha sido considerado por las autoridades como el más grande contra el narcotráfico y lavado.
El Ministerio Público tenía hasta la medianoche del martes 27 de febrero para presentar la acusación formal en contra de los procesados, a quienes se les ha dictado prisión preventiva, domiciliaria, garantías económicas y presentación periódica.
Al no presentar la parte conclusiva para la fecha antes citada, el juez Job García, del Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, le otorgó otro plazo adicional de 15 días para concluir con la investigación.
Egresado en Comunicación Social de la Universidad O&M, tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.
