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SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este jueves un recurso del Ministerio Público que procuraba hacer retornar a la cárcel de Najayo a tres de los imputados en el caso «Antipulpo», iniciado por una millonaria corrupción administrativa que supuestamente se cometió durante el pasado gobierno de Danilo Medina.

En la audiencia el Ministerio Público buscaba el cese de una resolución que varió a prisión domiciliaria la medida de coerción de prisión de preventiva contra los acusados Juan Alexis Medina Sánchez,  hermano del expresidente Medina;  Fernando Rosa,  exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas (Fonper); José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, decisión que fue tomada hace poco por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

PEPCA CRITICA DECISION

Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó la decisión de «irracional» y criticó que el tribunal, presidido por Nancy Joaquín e integrado por Daniel Nolasco y Maria Daneira García «no valoró elementos a los que hemos hecho alusión nosotros en el Séptimo Juzgado de la Instrucción y que hemos hecho aquí, con relación al nivel de complejidad de estos procesos»

«La corte ha tomado una decisión irracional, en el mismo nivel de irracionalidad de la decisión que había tomado previamente el Séptimo Juzgado de la Instrucción», indicó Camacho en un comunicado enviado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Aseguró que en la audiencia de este jueves el tribunal no respondió a los argumentos planteados por el Ministerio Público para revertir la decisión que envió a prisión domiciliaria a los imputados.

«No sabemos si en este caso el tribunal lo hará en su decisión por escrito, pero en la decisión oral que se rindió en el día de hoy, la corte ha dejado de responder los principales argumentos presentados por el Ministerio Público», sostuvo.

PRESENTARON GAREANTÍAS ECONÓMICAS

Para hacer efectiva esta variación, Medina Sánchez, principal acusado del caso, presentó una garantía económica de 60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), otra de 30 millones de pesos.

En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les fueron impuestas garantías de 20 millones de pesos a cada uno.

LA ACUSACIÓN 

El Ministerio Público acusa a Medina Sánchez de supuestamente dirigir un entramado de corrupción que presuntamente estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por presunta corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas. También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las empresas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

El pasado 1 de agosto, por su presunta vinculación con el caso, el juez Peguero impuso prisión preventiva de tres meses a Carlos Montes de Oca, para cumplirla como los demás acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, mientras que a Paola Mercedes Suazo se le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.