En países democráticos, la mayoría de las empresas grandes evitan tomar posiciones políticas. Los accionistas pueden dar su apoyo a tal o cual partido o líder político, pero por lo regular tratan de mantener a las compañías fuera del fragor de las lides partidarias. La razón de esa separación es económica, pues los clientes que adquieren los productos de la empresa, invierten en sus bonos, o utilizan sus servicios, tienen normalmente una gran diversidad de preferencias, y podrían sentirse incómodos con una compañía que abiertamente apoya posiciones opuestas a las suyas.

Son pocos comunes, por lo tanto, casos como el actual de Twitter y su nuevo propietario, Elon Musk. Declarado partidario de los republicanos en los EE.UU., Musk procedió sin demora a desmontar la estructura gerencial de Twitter, cuyos funcionarios habían sido responsables de la suspensión de la cuenta del presidente Trump al final de su ejercicio gubernamental. El éxodo de directivos, que abarcó desde las áreas de mercadeo y publicidad, hasta las de cumplimiento y privacidad, no fue lamentado por Musk, quien planea reducir la nómina radicalmente y ha expresado estar en disposición de recibir la renuncia de los que quieran irse.

Dado que la controversia política afectó a Twitter desde antes de que Musk la adquiriera por 44,000 millones de dólares, podría decirse que no fue él quien la involucró en la contienda política. No obstante, en lugar de procurar alejarla de esa esfera, Musk no ha ocultado su propósito de eliminar lo que considera son noticias falsas, tema predilecto de Trump y sus seguidores.

Como a las compañías no les interesa vincularse con entidades partidistas, varios de los mayores anunciantes en Twitter han suspendido temporalmente su publicidad, motivando que el propio Musk mencione la posibilidad de un flujo negativo de fondos que podría llevar la empresa a la quiebra. De ahí su intención de incrementar, a un 50% del total, el porcentaje de ingresos que proviene de suscripciones.