Los informes fueron presentados en su reunión anual, celebrada en la República Dominicana
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Red de Observancia y Aplicación de la Normativa sobre la Vida Silvestre, Flora y Fauna (ROAVIS), de Centroamérica y República Dominicana concluyó su reunión anual, en la cual fueron presentados los informes sobre la protección y avances en la persecución de los delitos ambientales en la región.
En el encuentro, celebrado en uno de los salones del Hotel Crown Plaza de Santo Domingo, fueron conocidos los informes sobre la protección de la vida silvestre y la persecución de los delitos que la exponen a la extinción, entre ellos los resultados del Análisis de Amenazas de Felinos en Centroamérica.
También se fue tratado fue expuesto el tema “Lavado de Activos en Delitos Ambientales”, así como también los esfuerzos forenses del Laboratorio OIJ de Costa Rica, y sus avances para fortalecer la lucha contra el delito ambiental.
En la jornada de labor también incluyó la presentación de casos exitosos con coordinaciones internacionales entre Estados Unidos y Latinoamérica, correspondientes a los países de Centroamérica y República Dominicana.
Dentro de los avances alcanzados en este encuentro se cuenta la creación de grupos para identificar líneas de trabajo y actividades para ser implementadas durante el periodo 2023-2024, con el objetivo de combatir el tráfico de vidas silvestres en los ámbitos nacionales.
Contreras señala RD debe seguir avanzando en lucha ambiental
El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), Francisco Contreras , agradeció en nombre de la República Dominicana y de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el respaldo de cada una de las delegaciones internacionales que asistieron a este encuentro, así como a cada una de las instituciones y organismos nacionales que se sumaron a esta reunión de ROAVIS, con el firme propósito de contribuir con la protección del medio ambiente.
Contreras, quien destacó los avances que ha ido logrando la República Dominicana en materia de persecución y prevención del delito ambiental, reconoció que el país aún debe continuar mejorando en diversos aspectos para estar a la par de muchos de los países de la región.
“La República Dominicana se encuentra en una fase de innovación, de crecimiento y de organización en materia ambiental con relación con lo que es la política de persecución de los delitos ambientales y vimos cosas en este encuentro que nosotros no las tenemos, porque estamos en pañales en comparación con ustedes en muchos temas”, precisó el titular de Proedemaren.
Dentro de los puntos a mejorar, Contreras señaló que aún se debe trabajar para lograr un mayor nivel de consciencia sobre las consecuencias que producen los delitos ambientales, tanto en la sociedad como en el ámbito judicial.
“Todavía requerimos mayores volúmenes de conciencia ciudadana y jurídica, ya que ven el delito hacia el medio ambiente como algo sencillo, cotidiano (lo normalizan) y le damos prioridad al narcotráfico, drogas, homicidios, robos, delitos comunes”.
Contreras reveló que en busca de lograr esa sensibilidad que se requiere para lograr el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, desde el Ministerio Público, junto al Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), han organizado jornadas de capacitación y concientización, las cuales han llevado a las comunidades dominicanas a través del movimiento ambiental, de las universidades, juntas de vecinos, escuelas públicas y privadas, entre otras instituciones aliadas.
En el evento abierto e internacional, en que la Proedemaren fue el anfitrión, participaron el procurador general de la Nación de Panamá y secretario de ROAVIS, Javier Enrique Caraballo Salazar, Christina Kish, gerente del Programa de Asistencia Técnica Internacional del Departamento del Interior de los Estados Unidos y de Miguel Ceara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.
También estuvieron presentes Melisa Miranda, representante de la embajada de los Estados Unidos; Fátima Sánchez, fiscal superior Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público de Panamá y otros procuradores ambientales de Centroamérica, El Caribe y de Estados Unidos.
