A raiz de la circulacion entre los integrantes del Ministerio Publico de las {propuestas de reglamento de escalafon y las bases para un concurso interno de ascenso de fiscalizadores, me ha generado gran preocupacion las denuncias sobre maltrato y explotacion laboral vertidas en medios digitales y escritos, asi como a traves de las redes sociales.
Dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los ultimos 15 meses, renuncias que, segun lo alegado, se han producido por explotacion laboral en el ejercicio de sus funciones.
Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear respuestas contundentes por parte de la institucion, maxime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”. Si algo ha caracterizado mi gestion y accionar profesional al frente del organo de procuracion de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminacion, no porque sea lo politicamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptare violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobare nada que asi disponga (que no es el caso).
Es necesario reconocer, como he dicho ya tantas veces, que el Ministerio Publico arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo esta llamado a ejercer por ley el fiscal. Tambien reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.
Una de las principales metas que he asumido al frente de la institucion es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio Publico. Por ello, procuramos a traves de los mecanismos institucionales de prevision presupuestaria los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplico el ano pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveia desde el 2014, pero que nunca se habia cumplido. Este ano estamos trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales.
Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes de la institucion, he designado una comision independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnostico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas. Tengan seguro que consecuencias habra.
Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relacion a la carrera del Ministerio Publico.
Quisiera dejar constancia del compromiso ineludible que, como procuradora general de la Republica, asumo con el cumplimiento de la ley. No sucumbire al chantaje y la presion que desde distintos frentes se esta lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Publico. Estare siempre en disposicion de conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideracion que nos debemos como personas decentes.
Se perfectamente lo que significa hacer una carrera, subir los diversos escalones sin saltarse ninguno. Vi gente que me paso por el lado a exceso de velocidad, pero nunca sucumbi a la maledicencia y la desconsideracion ajena. El Ministerio Publico cuenta con un regimen legal que deja poco margen a la arbitrariedad en la gestion de la carrera. El reto es cumplirlo con responsabilidad, y corregir las irregularidades que perviven a lo interno de la institucion. Ese es el compromiso que he asumido.
Considero que en las actuales circunstancias debemos seguir trabajando con las iniciativas pendientes, ampliar los plazos para recibir observaciones, abrir mas el debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios considerados, corregir lo que fuere necesario y adoptar finalmente medidas pertinentes acorde a las necesidades institucionales, las previsiones presupuestarias y los procedimientos que establece la ley.
Espero que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean canalizados sin entorpecer el servicio de procuracion de justicia penal.
Confio asimismo en que el trabajo que realizara la comision designada nos permitira contar con informacion util para continuar tomando las medidas necesarias para el adecentamiento del Ministerio Publico.
