Ministerio Publico destaca decision sobre medida de coercion en Operacion Calamar, la cual respalda solidez de la investigacion

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Tribunal rechazo todos los incidentes y los pedimentos de libertad pura y simple realizados por las defensas por ser notoriamente improcedentes

SANTO DOMINGO (Republica Dominicana).- La procuradora adjunta y directora de Persecucion, Yeni Berenice Reynoso, dijo este martes que la decision de la jueza Kenya Romero, quien considero que habia prueba suficientes para imponer medidas coercitivas a los 20 imputados en esta red de corrupcion y la declaratoria de complejidad del proceso, demuestra la solidez del expediente presentado por el Ministerio de Publico.

“Pensamos que la decision del tribunal corrobora lo que ha dicho el Ministerio Publico de la seriedad y de la contundencia de la investigacion. Practicamente todas las barras tenian hasta tres abogados, pero les fue imposible obtener ni una sola ganancia de incidentes. En virtud de la tutela al debido proceso, la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigacion realizada por el Ministerio Publico. La decision que ha dictado la magistrada, que vario algunos de los pedimentos que ha solicitado el Ministerio Publico, argumentando en algunos casos situaciones de salud, de expedientes medicos, y situaciones familiares que presentaron algunos de los imputados a los que se les vario el pedimento de la prision preventiva que habia hecho el Ministerio Publico”, sostuvo Berenice Reynoso.

La directora de Persecucion destaco, ademas, el hecho de que el tribunal rechazara todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple, bajo el argumento de que no habia vinculacion, ya que las pruebas de esta solicitud de medida de coercion, luego de la presentacion de la investigacion que hiciera el Ministerio Publico, “son mas que suficientes para esta etapa, “es decir que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas”.

Reynoso, quien estuvo acompanada en audiencia por el procurador adjunto titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion a la Corrupcion Administrativa (Pepca),Wilson Camacho, y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba Garcia, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodriguez, Hector Garcia, Marinel Brea, Andres Mena y Jhensy Victor, puntualizo cada uno de los argumentos presentados por las defensas y que no fueron acogidos por el tribunal.

La procuradora adjunta fue contundente al senalar que esta investigacion continua en curso y que como lo ha indicado la procuradora general de la Republica, Miriam German Brito, todo el que haya cometido un ilicito sera llevado ante los tribunales.

“En relacion a si habra mas imputados, esta es una investigacion en proceso, la politica de este Ministerio Publico, que dirige la magistrada Miriam German Brito, es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal sera perseguido por el Ministerio Publico, de acuerdo al Estado de derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace, practicamente, de trabajar 18 horas al dia para trabajar casos fuertes”.

La directora de Persecucion del Ministerio Publico senalo que en las proximas horas el organo persecutor solicitara a la Suprema Corte de Justicia un juez especial que conozca los hechos que relacionan al diputado Sergio Moya, mencionado en el Caso Calamar.

“Todo contra quien el Ministerio Publico tiene pruebas, con relacion a ese legislador que usted refiere, en las proximas horas el Ministerio Publico va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie de manera formal la investigacion”, dijo Berenice Reynoso, al hablar con la prensa tras la lectura de la decision sobre la solicitud de medida de coercion contra los imputados en Operacion Calamar, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En su decision el tribunal dicto 18 meses de prision preventiva en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero y del ex ministro administrativo de la presidencia, Jose Ramon Peralta, quienes cumpliran la medida en el Centro de Correccion y Rehabilitacion Najayo Hombres y al exministro de Obras Publicas Gonzalo Castillo le fue impuesto arresto domiciliario, garantia economica de 20 millones de pesos, impedimento de salida del pais.