El Congreso chileno renovó el miércoles por 14ta vez el estado de emergencia para dos regiones del sur del país, medida que permite seguir con el despliegue de militares para el control de las carreteras de la zona, donde los ataques incendiarios son frecuentes.
Con una votación de 35-8 y tres abstenciones, el Senado renovó la prórroga del estado de emergencia en la llamada Macrozona Sur que comprende franjas de la región de la Araucanía y del Biobío. La Cámara de Diputados había votado previamente con su aprobación más baja desde que se puso en marcha la medida, 77-36 y 25 abstenciones.
El estado de emergencia tiene una duración de únicamente 15 días y el gobierno de Gabriel Boric lo ha implementado de forma ininterrumpida por decimoséxtima vez, desde el pasado 16 de mayo. En las dos primeras instancias no es necesaria la aprobación del Congreso.
Varios legisladores solicitaron acciones más drásticas por parte del gobierno ante los persistentes hechos de violencia, y se solicitó especial protección para sector agrícola debido al período de cosecha y a las iniciativas turísticas y parques nacionales, los cuales también han sido objeto de ataques en los últimos tiempos.
Por su parte, la ministra del Interior Carolina Toha defendió la postura del gobierno argumentando que la medida ha resultado en una reducción del 42% en las acciones violentas pero que debe mantenerse ante la persistencia de los actos de violencia.
Para los detractores, incluidos algunos sectores del oficialismo, esta medida “ha tenido pocos avances sustantivos” y rechazaron su aplicación.
Bandas de ladrones de madera y narcotraficantes operan en ambas regiones. La policía dio a conocer el miércoles la detención de un dirigente mapuche de una controvertida comuna de la zona, Temucuicui, y de tres empresarios forestales acusados de participar en el robo de madera.
El estado de excepción fue decretado en toda la región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, donde hay un conflicto con sectores minoritarios de la etnia mapuche que exigen por la fuerza la devolución de territorios ancestrales. La restitución de tierras se ha ejercido en buena parte por métodos pacíficos.
Los atentados en la llamada Macrozona Sur son dirigidos principalmente contra maquinarias de empresas forestales que operan en los territorios, los cuales pertenecieron a los mapuches hasta el siglo XIX y que el Estado chileno les arrebató de forma violenta.
Antes de llegar al poder, Boric favorecía el diálogo con los mapuches para resolver el conflicto, pero un incremento de los atentados lo obligó a acudir al estado de emergencia, a cuya extensión se opuso mientras cumplía su segundo período como diputado (2018-2022).
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