La debilidad congénita de la democracia dominicana es la ausencia de contrapeso político alternativo al interior de los poderes y órganos de poder que hubieran obligado a definir y ejecutar políticas públicas con un contenido más equilibrado de justicia social, de participación y de calidad de la representación ciudadana.
La cruda realidad es que la derecha política y el conservadurismo tradicional han dominado por siempre los poderes públicos y órganos de poder y se han impuesto en la definición y ejecución de las políticas públicas.
Luego de la decapitación de la dictadura, apenas cinco años después pasamos de nuevo a una versión de democracia autoritaria que restituyó muchos métodos y personajes del régimen trujillista. La llamada apertura democrática a partir de 1978 derivó en una versión de democracia meramente electoral, plagada de fraudes, y que progresivamente se hizo cada vez más clientelar, asistencialista y corrupta.
En todas estas décadas, el pueblo dominicano no dejó de luchar por un país de justicia social y por una verdadera democracia en cuyos órganos de poder estén representados los intereses de las grandes mayorías. Pero ha resultado que cada vez que el pueblo confió en partidos de tradición liberal y democrática fue traicionado, pues éstos arriaron sus banderas y terminaron sometiéndose a los intereses de la minoría oligárquica y asumiendo las banderas del conservadurismo político. Es eso lo que pasó en mayor o menor medida con los gobiernos del perredé que abandonó su programa socialdemócrata, con el peledé y la liberación nacional y ahora con el pereeme convertido en abanderado del modelo neoliberal.
Pero hay más: muchas organizaciones democráticas y de tradición revolucionaria y de izquierda han estado aliadas a estos partidos en el ejercicio del poder, incluyendo connotados dirigentes de estas organizaciones políticas que fruto de estas alianzas obtuvieron representación como senadores y diputados y ocuparon ministerios y, cuando revisamos su paso por esos órganos de poder, comprobamos que no hicieron la diferencia, más bien renunciaron a sus propuestas políticas originarias y tuvieron desempeños mediocres, sin ignorar los que usaron el cargo para enriquecerse ilícitamente y ascender económica y socialmente.
Esta ausencia de contrapeso político-ideológico alternativo en los poderes del Estado se debe también a que durante muchas décadas la izquierda dominicana por línea general se ausentó de los procesos electorales o intervenía al final de forma testimonial, todo lo cual contribuyó a que no se arraigara en ella una cultura de participación electoral, ni se construyeran candidaturas ni se crearan maquinarias electorales para la defensa del voto. En esas condiciones, a pesar de existir amplios sectores que tienen un sentimiento e identidad democrático, progresista y de izquierda, se mantienen dispersos por ausencia de una direccionalidad que los articule en la disputa del poder y les permita alcanzar representación en la dirección del Estado.
Es realmente digno de estudio que a pesar de ser una fuerza política que ha estado en la primera fila en todos los eventos, luchas y crisis de las últimas siete décadas, la izquierda y los sectores progresistas, no han tenido, bajo su propia identidad político-ideológica, una representación significativa y sostenida en los órganos de poder del Estado, que la hubiera convertido, por lo menos, en uno de los ejes fundamentales para el ejercicio del poder político en el país.
Esta es la perspectiva que es necesario cambiar y ciertamente el 2023 brinda la posibilidad de avanzar en esa dirección.
Lo primero a destacar es que la salida del peledé del poder ha permitido que frente al gobierno del pereeme hayan quedado deslindadas la oposición del retroceso, representada por el peledé y la fupu y sus aliados, y la oposición alternativa que la expresan los sectores democráticos, progresistas y de izquierda.
Precisamente, desde hace varios meses, por diferentes vías se empujan en el país iniciativas para desarrollar una política de coalición que articule diversos sectores políticos y sociales para participar en el proceso electoral en curso con una propuesta política alternativa, con candidatos propios, que les de identidad y la diferencie del resto de las opciones políticas tradicionales.
El hecho de que, en este momento, cinco partidos que se ubican en el ámbito progresista cuenten con registro electoral significa un cambio de actitud respeto de la búsqueda de la representación política en los órganos de poder del Estado por la vía electoral.
Hay que añadir que no deja de ser una influencia estimulante las experiencias triunfantes que se vienen sucediendo en América Latina en donde, en las últimas décadas, en más de una docena de oportunidades los sectores progresistas y de izquierda han ganado el poder y amplias representaciones en el gobierno local y el congreso, en muchos casos en condiciones más adversas que las que se presentan en nuestro país.
El 2023 puede representar pues una real oportunidad para avanzar en esta perspectiva si se es capaz de actuar para vencer los obstáculos presentes, tomando muy en cuenta que tan solo faltan 13 meses para las elecciones municipales de febrero de 2024 y 15 meses para las presidenciales y congresuales.
Tres cuestiones deben concentrar en un primer momento la atención: i) concretar las que serán las candidaturas nacionales de la coalición y aquellas candidaturas locales que sea posible definir ahora; ii) elaborar un programa de gobierno que exprese los mínimos indispensables de la propuesta alternativa; iii) definir la coalición de forma estructurante que permita la integración en el proceso de organizaciones políticas, sociales, personas independientes que asuman las candidaturas y el programa de gobierno.
Es decir, para convertir el 2023 en un año de avances significativos, lo ideal es que en los próximos dos meses ya esté actuando la Coalición Político Electoral Alternativa, con candidatura presidencial identificada; las candidaturas locales que sea posible definir; participando en el debate nacional y local con identidad y propuestas y discurso propios diferenciándose de las propuestas del partido de gobierno y de la oposición del retroceso.
Si se fuera capaz de armar la coalición y echarla a andar en los primeros meses del 2023 y desplegar por el territorio y con los diversos sectores las candidaturas nacionales y locales, y posicionar con tiempo frente al electorado las propuestas alternativas, es seguro que el 2023 se convertirá en un año de avance en el logro de los objetivos de la coalición: entrar en la disputa del poder político desde una identidad alternativa propia y convertirse en el necesario contrapeso político en el escenario electoral y alcanzar una representación significativa en los órganos de poder del Estado y abrir las puertas a un nuevo orden democrático de justicia social.
Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.
