La República Dominicana ha sido señalada por años como un país con muchas debilidades en la persecución de la trata de personas, con fuertes cuestionamientos de los Estados Unidos hace tan poco como el año pasado.
Hizo bien el Poder Ejecutivo al someter el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, que toca temas tan vitales como la explotación y esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, la mendicidad forzada, la explotación laboral o la venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes.
Pero el proyecto ha sido bombardeado con alegatos que distan mucho de lo que realmente se busca, que es proteger la integridad humana en sentido general.
Aunque el gobierno anunció ayer que retiraba la pieza del Congreso para su revisión y consenso, por presiones mediáticas y de redes, esta no debe quedarse en el olvido.
La República Dominicana no puede darse el lujo de mantener desprotegida a una población vulnerable que, en su mayoría, no tiene que ver absolutamente nada con inmigrantes ilegales.
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