La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la creación de un sistema de transporte en la educación pública es acertada y debe ser respaldada, porque no son pocos los niños que enfrentan múltiples dificultades para llegar a la escuela.
Es una movida que debió tomarse hace mucho tiempo, en unión al desayuno escolar, como una forma de dar a las familias un respaldo inequívoco a la hora de fomentar la educación como recurso primario para el progreso del país.
Abinader debe tener diversas motivaciones para darle alta prioridad al asunto y por ello ha colocado en modo de emergencia a la maquinaria gubernamental para cumplir con su deseo.
Esa inmediatez, sin embargo, puede ser su mayor enemiga y ya vemos a los sindicatos de transportistas y a la ADP afilándose los dientes ante la posibilidad de hacerse con el control de ese servicio, el cual necesitará de una inversión multimillonaria.
El gobierno debe evitar a toda costa que el transporte de estudiantes caiga en manos de esos sindicatos, que operan como empresas y usan el chantaje político como recurso para lograr sus objetivos. Eso no debe pasar, no.
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